El maltrato a animales es el delito medioambiental que más ha aumentado en España, con una cifra que se ha cuadruplicado en la última década: 606 delitos en los tribunales en 2017 frente a los 130 de 2007. Es decir, un aumento 4,6 veces superior respecto a 2009, según datos de la Guardia Civil y de la Fiscalía de Medio Ambiente.
Además, el número de condenas por este delito se ha multiplicado por 14 según los datos del Seprona y las diligencias abiertas por la Fiscalía General han aumentado más de un 1.000 por ciento, según el primer avance del informe de SEO Birdlife sobre la efectividad del derecho penal español en la defensa del Medio Ambiente.
¿Aumenta la criminalidad ambiental?
Sin embargo, esto no refleja necesariamente un aumento de la criminalidad ambiental. Según declara en el comunicado el responsable del programa legal de SEO Birdlife, David de la Bodega, “estos datos pueden estar reflejando la especialización y capacitación de agentes de medio ambiente, Seprona y fiscalías ambientales, lo que está permitiendo tener un mayor conocimiento de los delitos que se vienen cometiendo y poder determinar la responsabilidad de los autores”.
Un factor de concienciación social también podría estar relacionado con este aumento, según explica Asunción Ruiz, directora ejecutiva de la organización. “Cada vez más personas y organizaciones dan el paso de denunciar las posibles infracciones que detectan; como ciudadanía, cada vez somos más conscientes de que no podemos mirar hacia otro lado, no podemos callar frente a las agresiones contra la naturaleza”.
Según este informe, que forma parte del proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza, “la inmensa mayoría de los incumplimientos de la legislación ambiental se catalogan como infracciones administrativas —entre el 97 y el 98 por ciento del total de presuntos ilícitos—, mientras que los delitos ambientales, los perseguidos por el Código Penal, rondan el 2 por ciento desde hace una década”.
Incremento de los delitos de maltrato y abandono
Según se desprende del avance del informe basado en los datos de la Guardia Civil, la gran mayoría de las infracciones penales de flora y fauna se derivan de la caza ilegal y el maltrato a los animales. Cifras más bajas alcanzan la pesca ilegal y el tráfico ilegal, donde se aprecia un pequeño descenso desde 2013 en los delitos de caza, con su punto más bajo un 50% menos que en 2009.
A nivel general, las diligencias de investigación por presuntos delitos contra el Medio Ambiente, realizadas por la Fiscalía se mantienen más o menos estables desde 2008: alrededor de las 1.500 anuales. Pero desde ese mismo año, los delitos de maltrato y abandono llegan a representar el 85% de los hechos conocidos de los delitos contra la flora y la fauna.
“Sin embargo, aumenta de manera sostenida y significativa el número de acciones por casos de maltrato animal”, afirma SEO Birdlife. “Desde 2008, las diligencias de investigación anuales se han multiplicado por 11, pasan de 15 a 175; y los procedimientos judiciales incoados se multiplican por ocho, de 108 procedimientos en 2008 a 914 en 2017”.
El informe completo, financiado por el programa Life de la Unión Europea, verá la luz en octubre y analizará por primera vez la efectividad y el carácter disuasorio de las condenas impuestas en nuestro país por los delitos medioambientales, con el objetivo de mejorar la efectividad de todas aquellas acciones dirigidas a combatir los delitos que vayan en contra de la naturaleza.
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